Actualidad | Villeta | Cundinamarca | Septiembre 21 de 2022
Unidades del CTI de la Fiscalía y miembros de la JEP se encuentran este miércoles 21 de septiembre en la tarea de exhumar un cadáver que se halla en una fosa común dentro del cementerio de Villeta, Cundinamarca.
La fosa dentro del cementerio alberga a unos 200 cadáveres de entre civiles, paramilitares y guerrilleros que participaron en los combates y fueron muertos entre los años de 1980 y la primera década del siglo XXI formando parte del conflicto armado interno en Colombia, pero las autoridades hoy buscan solo a uno que podría pertenecer a una familia que se presentó ante la JEP a reclamar sus restos.
En las provincias de Rionegro, Gualivá y Bajo Magdalena del noroccidente cundinamarqués, guerrilleros y paramilitares forzaron a miles de sus habitantes a abandonar sus tierras, y causaron la muerte de un número indeterminado de militantes y civiles.
Hay quienes manifiestan que en algunas fincas de la región las hojas de las matas de plátano y de yuca se doblaban por el peso de las moscas que sobrevolaban los cadáveres en descomposición que quedaban tirados en esos predios, al parecer no todos los cuerpos fueron llevados al cementerio de Villeta y algunos quedaron en los municipios de La Peña, Útica y Quebradanegra entre otros.
Los enfrentamientos entre el Frente 22 de las FARC-EP y los paramilitares entre los años 1980 y la primera década del siglo XXI forman parte del conflicto armado interno en Colombia. En las provincias de Rionegro, Gualivá y Bajo Magdalena del noroccidente cundinamarqués, guerrilleros y paramilitares forzaron a miles de sus habitantes a abandonar sus tierras, y causaron la muerte de un número indeterminado de militantes y civiles.
En 1982 se creó el Frente 22 de las FARC-EP que se ubicó en los municipios del norte de Cundinamarca con el objetivo de financiar al Comando Conjunto Central de esa guerrilla.
Este grupo cometió secuestros y extorsiones en las zonas bajo su dominio. Las Autodefensas de Cundinamarca, comandadas por Luis Eduardo Cifuentes, alias “El Águila”, utilizaron la fuerza para apropiarse de los negocios ilegales en la zona, desplazando a miles de personas.
A finales de los ochenta El Águila llegó a Cundinamarca y acordó una especie de pacto de no agresión con las FARC-EP. Los paramilitares se quedaron en el municipio de Yacopí, mientras los guerrilleros mantenían el control de La Palma. A mediados de los años 1990 este pacto se rompió porque los subversivos asesinaron a 12 paramilitares en Caparrapí. Desde entonces se presentaron enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares que se intensificaron en 2002.
Aunque para 2005, los grupos guerrilleros y paramilitares habían sido desvertebrados, uno por las fuerzas militares y el otro producto de la desmovilización, hasta por lo menos 2008 las FARC-EP permanecieron en La Palma.
